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Falla de las agencias calificadoras. Las agencias eran contratadas y pagadas por el emisor de cada operación para calificarla, y se esperaba que otorgaran la calificación AAA, so pena de perder futuros encargos lucrativos; tenían, por lo tanto, una evidente falta de objetividad y un conflicto de intereses inherente. Las calificaciones se basaban en los supuestos fundamentos de la operación (el valor de las propiedades y la solvencia de los deudores), que nunca se verificaron. La falta de un colchón de patrimonio, sumada a una caída importante del mercado, creó una trampa para inversionistas y prestatarios de la que ninguno pudo escapar, y que hizo inevitables el incumplimiento y las pérdidas. Falta de estandarización o regulación del proceso de administración de préstamos (servicing). Las distintas interpretaciones y formas de cumplir las obligaciones y políticas internas de los administradores produjeron una gestión muy desigual de cada préstamo, algo que se agravó cuando la administración de los préstamos se transfería a otras compañías. Las transferencias de los préstamos de los originadores a los compradores finales a menudo no se perfeccionaron correctamente, lo que podía causar un caos cuando era necesario acreditar la titularidad. La imposibilidad de los prestatarios de hacer sus pagos, por diversas razones, disparó las tasas de incumplimiento. Las penalidades por pago anticipado eran esenciales para la estructura de las securitizaciones subprime desde el punto de vista de los inversionistas, pero atraparon a los prestatarios en préstamos que no podían pagar en un mercado a la baja. Como no podían vender ni refinanciar, el incumplimiento solía ser su única opción. La descentralización del poder de decisión entre administradores, fideicomisarios, aseguradores de bonos y aseguradores hipotecarios, complicada además por interpretaciones distintas o erróneas y por la rigidez de las obligaciones contractuales sobre ajustes y modificaciones de préstamos, terminó con frecuencia en ejecución hipotecaria, aun cuando el resultado neto fuera una pérdida grave para los inversionistas. La rigidez de la estructura REMIC limitó todavía más las opciones de administradores y fideicomisarios, porque violar sus reglas provocaba graves problemas tributarios. Desconexión entre prestatarios, prestamistas, administradores e inversionistas. Los prestatarios rara vez entendían que su administrador no era el dueño de su préstamo; los administradores no estaban preparados para tomar medidas preventivas contra el incumplimiento y la ejecución, y a menudo no hacían nada hasta que el préstamo tenía al menos 90 días de atraso. Incapacidad y falta de voluntad de los administradores para gestionar grandes cantidades de préstamos en incumplimiento. Cuando se hicieron las operaciones, los porcentajes de incumplimiento eran bajos. Los administradores calcularon su rentabilidad suponiendo tasas de incumplimiento bajas y una gestión mayormente automatizada, y no estaban dispuestos a aumentar drásticamente su personal para atender el creciente número de incumplimientos. |
Securitización en Profundidad
Parte 3 de 4